Basta ja! Associació de Perjudicats per la Llei de Costes de les Illes Balears
Basta ja! és una associació sense ànim de lucre i amb l'únic objetiu de defensar els perjudicats per la Llei de Costes enfront l'expoli i la destrucció de la costa que està realitzant l'Estat Espanyol Contacte: 620026449; 696000935; mail: bastajamallorca@yahoo.es
martes, 13 de marzo de 2012
Consecuencias económicas de la aplicación de la Ley de Costas del 88
Similitud entre la Ley de Costas del 68 impulsada por Franco con la actual Ley de Costas del 88 impulsada por el PSOE
Franco 1968
Art 6.4. Al declarar mediante el acto del deslinde la extensión y límites del dominio público, la Administración se ajustará exclusivamente a las circunstancias naturales establecidas en esta Ley, careciendo a este objeto de todo valor obstativo las detentacioneis, de los particulares sobre aquél, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por los asientos del Registro de la Propiedad .
Ley de Costas 1988
Art 8 A los efectos del artículo anterior, no se admitirán más derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la presente Ley, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad.
miércoles, 5 de octubre de 2011
Fin campaña recolecta firmas. TOTAL FIRMAS: 5579
Queremos dar las gracias a todos los que ha participado en dicha campaña, que podemos tildar de éxito total: un total de 5579 firmas.
La campaña destinada a presionar a la Comisión que se reunirá el próxima día 6 de octubre en Bruselas constaba de dos líneas de presión: 1- la campaña de recogida de firmas, 2-mandar quejas individualizadas de cada caso a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Esta segunda línea también ha sido un éxito: se han mandado más de 140 quejas de diferentes afectados baleares.
El PP modificará tras las elecciones la Ley de Costas, que considera "injusta"
EFE SANTANDER El portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, se comprometió ayer a "revitalizar" la reforma de la Ley de Costas tan pronto como se constituyan las nuevas Cortes, tras las elecciones generales del 20 de noviembre, con el objetivo de "llevar el sentido común" a una norma que considera "injusta".
García-Escudero abogó por "racionalizar" la ley para hacer compatible la protección del litoral con el mantenimiento de las concesiones y de las propiedades.
A su juicio, la Ley de Costas, aprobada en el año 1988, tiene un "fondo bueno", pero se hizo de forma "muy utópica", y ahora puede llevar a la pérdida de un número "importante" de empresas y de "muchos" puestos de trabajo. Además, criticó que los titulares de las concesiones, y en algunos casos propietarios de los terrenos, vayan a "perder todo, sin derecho a indemnizaciones y sin derecho a nada".
Por eso, la intención del PP es "llevar el sentido común" a esta norma, anular el plazo de 2018 para la caducidad de concesiones y pedir que se cumplan las decisiones de los tribunales europeos que ya han fallado varias veces a favor de los afectados.
García-Escudero también apostó por implicar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en la protección del litoral, atendiendo a las características de cada territorio.
El líder popular recordó la iniciativa aprobada por el Senado, a propuesta del PP, para modificar la Ley, una proposición de ley que está ahora pendiente de su tramitación en el Congreso.
La disolución de las Cortes por la convocatoria electoral mantiene "paralizada" la modificación, pero el PP se compromete a retomarla "en cuanto pasen las elecciones", dada la "premura de los plazos" y que las empresas están sintiendo ya los efectos de la ley.
En este sentido, se comprometió a "revitalizar" la reforma "inmediatamente" después de las elecciones si los ciudadanos les dan la "confianza" y Mariano Rajoy llega a La Moncloa.
lunes, 26 de septiembre de 2011
Michel Houellebecq, escritor francés, se hace eco de la aplicación de la Ley de Costas española
En Principio pasa del dinero, vive como un monje, pero su divorcio le ha dejado sin blanca. Además, había comprado unos apartamentos en España a la orilla del mar y van a expropiárselos sin indemnización, debido a una ley de protección del litoral con efecto retroactivo, una historia de locos...
jueves, 1 de septiembre de 2011
Recogida de Firmas. En contra de la aplicación arbitraria de la Ley de Costas y su carácter retroactivo.
Desde el año de nacimiento de dicha Ley hasta día de hoy el Estado español no sólo ha premitido la construcción masiva de la costa española sino que ha participado activamente en su destrucción, favoreciendo la especulación. Mostrando así una actitud cínica e hipócrita ante la problemática del medio ambiente.
Durante esta legislatura el Gobierno ha decidido aplicar la Ley de Costas de manera bárbara y exprés, en un intento de adueñarse de diferentes espacios litorales, entre ellos espacios virgenes protegidos por otras leyes medio ambientales y virgenes gracias a sus propietarios, para así enriquirse a costa de los ciudadanos españoles y poder seguir especulando.
Después de la aparación y denuncia de numerosos casos de recalificación urbanística en terrenos afecados por la Ley de Costas y "expoliados" por el Gobierno, éste ya no puede seguir esgrimiendo la bandera de la protección mediambiental y lo único a lo que puede optar es a silenciar a los Afectados por dicha Ley y a los medios de comunicación, y intentar seguir incautando a coste cero los bienes de sus ciudadanos antes que la Comisión Europea le condene y le de el alto.
Desde la Asociación Basta Ja! Perjudicados por la Ley de Costas de Baleares estamos llevando a cabo una recogida de firmas para mandar al Parlamento Europeo y mostrar a toda Europa esta aplicación arbitraria y desigual, su carácter retroactivo y la especulación urbanística que a día de hoy lleva a cabo la Administración a través de la Ley de Costas 22/1988.
Muchas gracias por vuestro apoyo, tanto a los simpatizantes como a los afectados.
miércoles, 17 de agosto de 2011
L'Associació Basta ja mallorca! Perjudicats per la Llei de Costes de Balears pide la dimisión del jefe de la Sección Técnica del Dominio Pública de la Demarcación de Costas de Baleares
Se adjunta la carta mandada a la Ministra de Medio Ambiente:
A la Atención de la Ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino
Plaza San Juan de la Cruz s/n
Madrid
Ante las declaraciones del jefe de la Sección Técnica del Dominio Público de la Demarcación de Costas de Baleares, Francisco Sánchez, la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) y la Asociación Basta Ja! Perjudicats per la Llei de Costes de les Illes Balears, quieren hacer llegar al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino su total indignación por lo que, a nuestro entender, es una propuesta que vulnera los principios fundamentales protegidos por la Constitución.
• El Sr Sánchez debería explicar que quiere decir con “regularizar de acuerdo a la ley” o con “tarde o temprano tendrán que adaptarse” y porqué oculta que las propiedades, a pesar de que la aplicación retroactiva de la Ley de Costas las coloca durante años en una situación de limbo jurídico, son TOTALMENTE LEGALES.
• Debería explicar igualmente que es obligación del Ministerio de Medio Ambiente realizar los deslindes que considere necesarios y notificar a todos y cada uno de los afectados su situación correspondiente para que puedan realizar las acciones legales que consideren oportunas.
• Que es inadmisible que un funcionario público niegue el derecho a la presunción de inocencia, protegido por la Constitución, tratando de imponer, mediante amenazas veladas y no tan veladas, la carga de prueba al ciudadano y su autoinculpación.
• Que debería informar correcta y verazmente a la opinión pública de los trámites que conllevan los deslindes, entre los cuales JAMÁS figura la obligación de presentarse en la Demarcaciones de Costas sin que se haya sido previamente notificado y, ni aún así, hay obligación alguna, no existiendo consecuencia directa con el posible derribo de su propiedad y, menos aún que sea la Demarcación de Costas de Baleares quién decida que “se regulariza y que se derriba”, eso sólo puede ser decisión de los tribunales.
• Las declaraciones públicas del Sr Sánchez indican el grado de incompetencia e ineptitud para el cargo que ocupa y deberían ser motivo de cese fulminante al erigirse juez y parte con sus declaraciones al ignorar y manipular la norma a su conveniencia y faltando a la verdad.
Por todo ello, las asociaciones que suscriben este comunicado piden a los responsables del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la inmediata destitución del Sr Sánchez por su total falta de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y su inobservancia de los derechos de los ciudadanos.
Atentamente
Carmen del Amo
Pte de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC)
Joan Cirera Planas
Portavoz de la Associació Basta Ja! Perjudicats per la Llei de Costes de Balears
viernes, 8 de julio de 2011
Comunicado alarmante de la Demarcación de Costas de Baleares
Esto es alarmante:
Primero: Nadie debe ir a la Demarcación de Costas a denunciar que su vivienda está en D.P.M-T. esto sería enterrarse con vida.
Segundo: La Demarcación de Costas tiene la obligación de comunicar a todos los afectados su situación.
Cual es la razón de este comunicado por parte de Costas?
Tienen un problema: somos demasiados afectados y por razones económicas y de logística no consiguen contactar con todos nosotros. Y si no recibimos notificación esto se puede denunciar y implica una revisión extraudinaria del deslinde
Esto no lo quieren permitir y por eso piden a todos los afectados que se personen en la Demarcación. Repetimos: que nadie se denuncie a si mismo diciendo que su casa esté afectada por el Deslinde!! que nos lo notifiquen ellos, y si no lo hacen: hay que pedir una revisión extraudinaria del deslinde!!
Aquí dejamos el link del artículo:
LA ABSURDA DICTADURA DE COSTAS MULTA POR MANTENER DIGNAMENTE LAS VIVIENDAS DEL LITORAL
El Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha instado a J.M.G. a que en el plazo de 10 días derribe un balcón construido en madera en la playa del Berrugo en Bocacangrejo, Tenerife por estar construido en Dominio Público Marítimo Terrestre.
Asimismo han señalado que se ha iniciado un pliego de cargo contra el propietario del balcón con un expediente sancionador por obras de reconstrucción del mencionado balcón. Han señalado además que ya en septiembre de 2010 personal del servicio de vigilancia de Costas denunció unos hechos en los que el infractor derribó el balcón existente para reconstruirlo en madera, "añadiendo estructura para cubierta y con dos puntales a modo de soporte".
miércoles, 15 de junio de 2011
El Parlamento Europeo volverá a analizar los abusos de la Ley de Costas
Los portavoces de los grupos políticos en la comisión parlamentaria "han acordado mantener la petición abierta y pedir más información sobre las peticiones concretas a la Dirección General de Costas" en una reunión celebrada este martes a puerta cerrada, han confirmado fuentes parlamentarias.
La Comisión Europea ya dejó claro el pasado 24 de mayo --la última vez que se debatieron las más de 40 quejas que afectan principalmente a Cantabria, Canarias, Comunitat Valenciana, Asturias, Baleares, Galicia, Cataluña, País Vasco y Andalucía-- que no tiene competencias para intervenir en la normativa española, cuya aplicación e impacto sobre el derecho de propiedad ha sido denunciado por numerosos ciudadanos europeos.
Ley de Costas, ¿ley o negocio?
El abogado Jiménez Cisneros ha dirigido hasta cuatro empresas con actividades próximas a las funciones públicas de su compañera, la directora de Costas Alicia Paz.
Más información »La Ley de Costas amenaza con derribar las propiedades de más de 200.000 particulares. Su aplicación es defendida a ultranza por Medio Ambiente y por la Dirección General de Costas, que capitanea Alicia Paz. Su pareja sentimental, sin embargo, ha defendido a un buen número de afectados por la Ley de Costas. ¿Ley o negocio?
Francisco Jiménez Cisneros es fundador del despacho Jiménez de Cisneros Abogados, un bufete madrileño que hace pocos años se fusionó con otro dando lugar a la firma Jiménez de Cisneros & Rayón y Ortega Abogados, del que es su socio titular.
Actualmente, la defensa de afectados por la ley de costas es una de las áreas de actuación de este despacho, tal y como ha reconocido la propia secretaria de Cisneros a este periódico.
Sus competencias en materia costera y portuaria vienen de lejos. Su primer despacho estaba especializado en “gestión y planteamiento urbano”, así como en “gestión y actuación en el ámbito del dominio público marítimo-terrestre y portuario”, según afirma el propio abogado en su página web. Por su parte, Alicia Paz, persona de confianza del PSOE en el ministerio de Medio Ambiente, posee un alto grado de conocimiento en estas materias debido a sus cargos al frente de los servicios jurídicos de Puertos del Estado y de la Dirección General de Costas, departamento dependiente del ministerio que dirige Elena Espinosa. La relación Paz y Jiménez Cisneros se remonta al menos a 1998.
La mayor parte de los afectados por la Ley de Costas que han sido defendidos por Jiménez de Cisneros no tienen conocimiento de la relación que le une con la directora general de Costas. Muchos de ellos, incluso, se muestran descontentos ante la actuación llevada a cabo por Cisneros a la hora de defender sus casos. “No nos informaban casi de nada. Sólo nos llamaban para pedirnos más dinero para seguir con el caso”, explica a este periódico un representante de un grupo de casi 40 afectados por la Ley de Costas en las Islas Canarias.
“Me llamó desde su despacho de abogados en Madrid para amenazarme porque le había dicho que ya no quería que siguiera llevando mi caso. Cuando se enteró de que había contratado a otro abogado se enfadó muchísimo”, puntualiza por su parte otro afectado que prefiere no identificarse.
Portavoces del departamento dirigido por Elena Espinosa explican que en el caso de que Alicia Paz “tuviera que intervenir en procedimientos en los que Jiménez de Cisneros hubiese actuado como asesor o representante de algún interesado afectado por la Ley de Costas (...), la directora general tendría que abstenerse de intervenir, comunicándolo a su superior de inmediato”.
En ningún momento Medio Ambiente aclara si durante los 11 años de relación entre Alicia Paz y su pareja se ha dado este tipo de procedimientos que deberían llevarla a inhibirse. El abogado no ha contestado a las llamadas realizadas por este periódico.
¿Ley o negocio?
Antes de asumir su cargo al frente de la Dirección General de Costas en 2008, Alicia Paz fue directora de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, cargo que ejerció con la llegada de Zapatero al poder en 2004; desde años atrás ya tenía responsabilidad en ese departamento. Su entrada en Costas se remonta a finales de la década de los ochenta.
Durante la última década, ¿a qué se ha dedicado su pareja? Su despacho de abogados ha participado en la tramitación y redacción de los planteamientos portuarios de ciudades como Bilbao, Santander, La Coruña, Huelva o Castellón, entre otras, según consta en la propia página web del despacho, cuyas cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008 aún no están disponibles en el Registro.
Sin embargo, las competencias de Jiménez de Cisneros no sólo se limitan al ámbito jurídico. La pareja de Alicia Paz es también apoderado de una pequeña empresa privada dedicada al transporte marítimo llamada Gestión de Servicios Portuarios, que cerró 2007 con unos ingresos económicos de 471.000 euros, lo que supone un incremento del 40% respecto al año anterior. En dicha compañía ha trabajado durante varios años Luis Fernando Palao de Taboada, hombre de referencia en el organismo público Puertos del Estado, donde ha coincido con Alicia Paz, ejerciendo como responsable suyo: en diciembre de 1982, Palao era nombrado director general de Puertos del Estado, cargo que desempeñó hasta el año 1991, cuando tomó las riendas de la Dirección General de Puertos del ministerio de Obras Públicas.
Un año después pasó a presidir Puertos del Estado, hasta que en 1996 se cambió al sector privado de la mano de Francisco Javier Jiménez de Cisneros. Primero en la compañía Gestión de Servicios Portuarios y luego en una pequeña empresa dedicada al negocio de la logística. Se da la circunstancia de que Alicia Paz también ha estado vinculada profesionalmente con este sector. La actual directora general de costas ha sido presidenta de Puerto Seco Madrid, una iniciativa pública que, bajo el amparo del ministerio de Fomento, tiene como objetivo la creación de una infraestructura logística ferroviaria que promueva el desarrollo y conecte Madrid con los principales puertos españoles