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miércoles, 17 de agosto de 2011
L'Associació Basta ja mallorca! Perjudicats per la Llei de Costes de Balears pide la dimisión del jefe de la Sección Técnica del Dominio Pública de la Demarcación de Costas de Baleares
Se adjunta la carta mandada a la Ministra de Medio Ambiente:
A la Atención de la Ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino
Plaza San Juan de la Cruz s/n
Madrid
Ante las declaraciones del jefe de la Sección Técnica del Dominio Público de la Demarcación de Costas de Baleares, Francisco Sánchez, la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) y la Asociación Basta Ja! Perjudicats per la Llei de Costes de les Illes Balears, quieren hacer llegar al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino su total indignación por lo que, a nuestro entender, es una propuesta que vulnera los principios fundamentales protegidos por la Constitución.
• El Sr Sánchez debería explicar que quiere decir con “regularizar de acuerdo a la ley” o con “tarde o temprano tendrán que adaptarse” y porqué oculta que las propiedades, a pesar de que la aplicación retroactiva de la Ley de Costas las coloca durante años en una situación de limbo jurídico, son TOTALMENTE LEGALES.
• Debería explicar igualmente que es obligación del Ministerio de Medio Ambiente realizar los deslindes que considere necesarios y notificar a todos y cada uno de los afectados su situación correspondiente para que puedan realizar las acciones legales que consideren oportunas.
• Que es inadmisible que un funcionario público niegue el derecho a la presunción de inocencia, protegido por la Constitución, tratando de imponer, mediante amenazas veladas y no tan veladas, la carga de prueba al ciudadano y su autoinculpación.
• Que debería informar correcta y verazmente a la opinión pública de los trámites que conllevan los deslindes, entre los cuales JAMÁS figura la obligación de presentarse en la Demarcaciones de Costas sin que se haya sido previamente notificado y, ni aún así, hay obligación alguna, no existiendo consecuencia directa con el posible derribo de su propiedad y, menos aún que sea la Demarcación de Costas de Baleares quién decida que “se regulariza y que se derriba”, eso sólo puede ser decisión de los tribunales.
• Las declaraciones públicas del Sr Sánchez indican el grado de incompetencia e ineptitud para el cargo que ocupa y deberían ser motivo de cese fulminante al erigirse juez y parte con sus declaraciones al ignorar y manipular la norma a su conveniencia y faltando a la verdad.
Por todo ello, las asociaciones que suscriben este comunicado piden a los responsables del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la inmediata destitución del Sr Sánchez por su total falta de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y su inobservancia de los derechos de los ciudadanos.
Atentamente
Carmen del Amo
Pte de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC)
Joan Cirera Planas
Portavoz de la Associació Basta Ja! Perjudicats per la Llei de Costes de Balears
Ley de Costas, ¿ley o negocio?
El abogado Jiménez Cisneros ha dirigido hasta cuatro empresas con actividades próximas a las funciones públicas de su compañera, la directora de Costas Alicia Paz.
Más información »La Ley de Costas amenaza con derribar las propiedades de más de 200.000 particulares. Su aplicación es defendida a ultranza por Medio Ambiente y por la Dirección General de Costas, que capitanea Alicia Paz. Su pareja sentimental, sin embargo, ha defendido a un buen número de afectados por la Ley de Costas. ¿Ley o negocio?
Francisco Jiménez Cisneros es fundador del despacho Jiménez de Cisneros Abogados, un bufete madrileño que hace pocos años se fusionó con otro dando lugar a la firma Jiménez de Cisneros & Rayón y Ortega Abogados, del que es su socio titular.
Actualmente, la defensa de afectados por la ley de costas es una de las áreas de actuación de este despacho, tal y como ha reconocido la propia secretaria de Cisneros a este periódico.
Sus competencias en materia costera y portuaria vienen de lejos. Su primer despacho estaba especializado en “gestión y planteamiento urbano”, así como en “gestión y actuación en el ámbito del dominio público marítimo-terrestre y portuario”, según afirma el propio abogado en su página web. Por su parte, Alicia Paz, persona de confianza del PSOE en el ministerio de Medio Ambiente, posee un alto grado de conocimiento en estas materias debido a sus cargos al frente de los servicios jurídicos de Puertos del Estado y de la Dirección General de Costas, departamento dependiente del ministerio que dirige Elena Espinosa. La relación Paz y Jiménez Cisneros se remonta al menos a 1998.
La mayor parte de los afectados por la Ley de Costas que han sido defendidos por Jiménez de Cisneros no tienen conocimiento de la relación que le une con la directora general de Costas. Muchos de ellos, incluso, se muestran descontentos ante la actuación llevada a cabo por Cisneros a la hora de defender sus casos. “No nos informaban casi de nada. Sólo nos llamaban para pedirnos más dinero para seguir con el caso”, explica a este periódico un representante de un grupo de casi 40 afectados por la Ley de Costas en las Islas Canarias.
“Me llamó desde su despacho de abogados en Madrid para amenazarme porque le había dicho que ya no quería que siguiera llevando mi caso. Cuando se enteró de que había contratado a otro abogado se enfadó muchísimo”, puntualiza por su parte otro afectado que prefiere no identificarse.
Portavoces del departamento dirigido por Elena Espinosa explican que en el caso de que Alicia Paz “tuviera que intervenir en procedimientos en los que Jiménez de Cisneros hubiese actuado como asesor o representante de algún interesado afectado por la Ley de Costas (...), la directora general tendría que abstenerse de intervenir, comunicándolo a su superior de inmediato”.
En ningún momento Medio Ambiente aclara si durante los 11 años de relación entre Alicia Paz y su pareja se ha dado este tipo de procedimientos que deberían llevarla a inhibirse. El abogado no ha contestado a las llamadas realizadas por este periódico.
¿Ley o negocio?
Antes de asumir su cargo al frente de la Dirección General de Costas en 2008, Alicia Paz fue directora de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, cargo que ejerció con la llegada de Zapatero al poder en 2004; desde años atrás ya tenía responsabilidad en ese departamento. Su entrada en Costas se remonta a finales de la década de los ochenta.
Durante la última década, ¿a qué se ha dedicado su pareja? Su despacho de abogados ha participado en la tramitación y redacción de los planteamientos portuarios de ciudades como Bilbao, Santander, La Coruña, Huelva o Castellón, entre otras, según consta en la propia página web del despacho, cuyas cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008 aún no están disponibles en el Registro.
Sin embargo, las competencias de Jiménez de Cisneros no sólo se limitan al ámbito jurídico. La pareja de Alicia Paz es también apoderado de una pequeña empresa privada dedicada al transporte marítimo llamada Gestión de Servicios Portuarios, que cerró 2007 con unos ingresos económicos de 471.000 euros, lo que supone un incremento del 40% respecto al año anterior. En dicha compañía ha trabajado durante varios años Luis Fernando Palao de Taboada, hombre de referencia en el organismo público Puertos del Estado, donde ha coincido con Alicia Paz, ejerciendo como responsable suyo: en diciembre de 1982, Palao era nombrado director general de Puertos del Estado, cargo que desempeñó hasta el año 1991, cuando tomó las riendas de la Dirección General de Puertos del ministerio de Obras Públicas.
Un año después pasó a presidir Puertos del Estado, hasta que en 1996 se cambió al sector privado de la mano de Francisco Javier Jiménez de Cisneros. Primero en la compañía Gestión de Servicios Portuarios y luego en una pequeña empresa dedicada al negocio de la logística. Se da la circunstancia de que Alicia Paz también ha estado vinculada profesionalmente con este sector. La actual directora general de costas ha sido presidenta de Puerto Seco Madrid, una iniciativa pública que, bajo el amparo del ministerio de Fomento, tiene como objetivo la creación de una infraestructura logística ferroviaria que promueva el desarrollo y conecte Madrid con los principales puertos españoles