L'Associació Basta ja mallorca! Perjudicats per la Llei de Costes de Balears pide la dimisión del jefe de la Sección Técnica del Dominio Pública de la Demarcación de Costas de Baleares

Se adjunta la carta mandada a la Ministra de Medio Ambiente:

A la Atención de la Ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino
Plaza San Juan de la Cruz s/n
Madrid

Ante las declaraciones del jefe de la Sección Técnica del Dominio Público de la Demarcación de Costas de Baleares, Francisco Sánchez, la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) y la Asociación Basta Ja! Perjudicats per la Llei de Costes de les Illes Balears, quieren hacer llegar al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino su total indignación por lo que, a nuestro entender, es una propuesta que vulnera los principios fundamentales protegidos por la Constitución.


• El Sr Sánchez debería explicar que quiere decir con “regularizar de acuerdo a la ley” o con “tarde o temprano tendrán que adaptarse” y porqué oculta que las propiedades, a pesar de que la aplicación retroactiva de la Ley de Costas las coloca durante años en una situación de limbo jurídico, son TOTALMENTE LEGALES.
• Debería explicar igualmente que es obligación del Ministerio de Medio Ambiente realizar los deslindes que considere necesarios y notificar a todos y cada uno de los afectados su situación correspondiente para que puedan realizar las acciones legales que consideren oportunas.
• Que es inadmisible que un funcionario público niegue el derecho a la presunción de inocencia, protegido por la Constitución, tratando de imponer, mediante amenazas veladas y no tan veladas, la carga de prueba al ciudadano y su autoinculpación.
• Que debería informar correcta y verazmente a la opinión pública de los trámites que conllevan los deslindes, entre los cuales JAMÁS figura la obligación de presentarse en la Demarcaciones de Costas sin que se haya sido previamente notificado y, ni aún así, hay obligación alguna, no existiendo consecuencia directa con el posible derribo de su propiedad y, menos aún que sea la Demarcación de Costas de Baleares quién decida que “se regulariza y que se derriba”, eso sólo puede ser decisión de los tribunales.
• Las declaraciones públicas del Sr Sánchez indican el grado de incompetencia e ineptitud para el cargo que ocupa y deberían ser motivo de cese fulminante al erigirse juez y parte con sus declaraciones al ignorar y manipular la norma a su conveniencia y faltando a la verdad.

Por todo ello, las asociaciones que suscriben este comunicado piden a los responsables del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la inmediata destitución del Sr Sánchez por su total falta de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y su inobservancia de los derechos de los ciudadanos.

Atentamente

Carmen del Amo
Pte de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC)

Joan Cirera Planas
Portavoz de la Associació Basta Ja! Perjudicats per la Llei de Costes de Balears

Comunicado alarmante de la Demarcación de Costas de Baleares

El jefe de la Sección Técnico del Dominio Público de la Demarcación de Costas en Baleares, Francisco Sánchez, ha dado una rueda de prensa donde comunicaba que todas la viviendas afectadas por el deslinde (dentro de D.P.M-T. o afectadas por la Linea de salvamento) "tarde o temprano deberán que adaptarse", lo que significa que serán demolidas si no respectan su "Dictadura". Y ha pedido que todos los afectados se personen en la Demarcación de Costas

Esto es alarmante:

Primero: Nadie debe ir a la Demarcación de Costas a denunciar que su vivienda está en D.P.M-T. esto sería enterrarse con vida.

Segundo: La Demarcación de Costas tiene la obligación de comunicar a todos los afectados su situación.

Cual es la razón de este comunicado por parte de Costas?

Tienen un problema: somos demasiados afectados y por razones económicas y de logística no consiguen contactar con todos nosotros. Y si no recibimos notificación esto se puede denunciar y implica una revisión extraudinaria del deslinde

Esto no lo quieren permitir y por eso piden a todos los afectados que se personen en la Demarcación. Repetimos: que nadie se denuncie a si mismo diciendo que su casa esté afectada por el Deslinde!! que nos lo notifiquen ellos, y si no lo hacen: hay que pedir una revisión extraudinaria del deslinde!!

Aquí dejamos el link del artículo:

LA ABSURDA DICTADURA DE COSTAS MULTA POR MANTENER DIGNAMENTE LAS VIVIENDAS DEL LITORAL

Costas obliga a derribar un balcón en la costa de Bocacangrejo en Tenerife en 10 días por estar en dominio público
El Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha instado a J.M.G. a que en el plazo de 10 días derribe un balcón construido en madera en la playa del Berrugo en Bocacangrejo, Tenerife por estar construido en Dominio Público Marítimo Terrestre.
Asimismo han señalado que se ha iniciado un pliego de cargo contra el propietario del balcón con un expediente sancionador por obras de reconstrucción del mencionado balcón. Han señalado además que ya en septiembre de 2010 personal del servicio de vigilancia de Costas denunció unos hechos en los que el infractor derribó el balcón existente para reconstruirlo en madera, "añadiendo estructura para cubierta y con dos puntales a modo de soporte".

El Parlamento Europeo volverá a analizar los abusos de la Ley de Costas

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitará "más información" al Gobierno español sobre la aplicación de la normativa de la Ley de Costas en España y los "casos concretos" de presuntos abusos denunciados por un gran número de ciudadanos españoles, británicos, alemanes, holandeses, franceses y austriacos ante las instituciones europeas.
Los portavoces de los grupos políticos en la comisión parlamentaria "han acordado mantener la petición abierta y pedir más información sobre las peticiones concretas a la Dirección General de Costas" en una reunión celebrada este martes a puerta cerrada, han confirmado fuentes parlamentarias.
La Comisión Europea ya dejó claro el pasado 24 de mayo --la última vez que se debatieron las más de 40 quejas que afectan principalmente a Cantabria, Canarias, Comunitat Valenciana, Asturias, Baleares, Galicia, Cataluña, País Vasco y Andalucía-- que no tiene competencias para intervenir en la normativa española, cuya aplicación e impacto sobre el derecho de propiedad ha sido denunciado por numerosos ciudadanos europeos.

La lucha llega a Europa

La plataforma de perjudicados en Balears va ganando peso gracias a la irrupción en la Eurocámara de un mallorquín pidiendo justicia ante su aplicación "abusiva y arbitraria"
¿Por qué este hotel se salva y ésa pequeña casita se tiene que tirar?, ¿por qué me quitan algo que mi familia compró y pagó religiosamente hace más de 50 años?, ¿por qué este paseo marítimo no molesta y sí estorba el pequeño barrio de pescadores?
Muchos interrogantes giran alrededor de la ley de Costas, una normativa cuyo supuesto fin es proteger el litoral y cuya aplicación es vista como "abusiva, arbitraria y confusa" por los afectados. En nuestra comunidad, y tras llevar años en silencio por miedo a represalias, poco a poco van saliendo los perjudicados, que se unen para ganar peso y hacer más ruido. Están dispuestos a ir donde haga falta para reclamar justicia. Y a gritar muy fuerte para que la queja se oiga también en el extranjero.

Bajo la amenaza de la Ley de Costas

Pero, ¿por qué es tan polémica la aplicación de la norma? Una línea tiene la culpa de todo. Es como una sentencia de vida o muerte. Se está dentro o fuera. De la ley, claro. La Dirección General de Costas, después de unos estudios, que «en algunos casos son muy exhaustivos y en otros se basan en la comprobación visual», traza el deslinde que separa lo público de lo privado, y que en según qué zonas «llega a hacer quiebros en un mapa para salvar determinadas construcciones», según denuncia el presidente de la plataforma, Juan Pedro Fernández. José Serra, catedrático de Puertos y Canales de la Universidad Politécnica de Valencia, admite que «se observan tratos distintos en su aplicación dependiendo de cada demarcación». ¿No deberían existir criterios objetivos para marcar esa línea? Para Ortega son «completamente arbitrarios, y da la casualidad de que siempre perjudican al pobre».
La ley de Costas de 1988 define la «servidumbre de protección» como la franja que recaerá sobre «una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, y en ella están prohibidas las construcciones». La ribera del mar llega hasta «donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos», dice la ley. «Demasiada subjetividad», responden los afectados. En general, la finalidad es proteger las dunas que preserven la costa del avance del mar, pero solo en aquellos casos donde todavía haya algo por preservar. Si no, nada. Por ejemplo, en Guardamar del Segura se ha decidido desplazar la línea que separa el dominio público marítimo terrestre porque el cordón dunar está demasiado deteriorado. También en Gandia o Cullera. Es decir, en los tramos de litoral más urbanizado la posibilidad de que las viviendas se salven es mucho mayor, creando una contradicción, según Ecologistas en Acción, quienes critican la aplicación de la ley precisamente porque no se hace «con equidad».

Como presentar quejas en el Parlamento Europeo

Para poder ser escuchar en el Parlamento Europeo deben ser enviadas todas las quejas de todos los casos existentes en Espanya.
Se debe entar en el seguiente link:

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=49&pageRank=3&language=ES

Primero se debe rellenar el "formulario en línea" y en caso de disponer de estudios técnicos o demás información de interés debe ser mandada a la dirección postal: Committee on Petitions
The Secretariat
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

Quiero hacer hincapié que es de suma importancia que sean mandados todos los casos a Europa, ya que aquí nos quieren silenciar y expoliar nuestra casa.

El Parlamento Europeo carga contra la Ley de Costas por "abusiva"

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo arremetió ayer contra la Ley de Costas española. Diputados laboristas y conservadores británicos criticaron la norma porque, en su opinión, confisca bienes a ciudadanos de buena fe. "A mis votantes les recomiendo que no se compren una casa en España", dijo el conservador Roger Helmer. La directora general de Costas, Alicia Paz, defendió que la Constitución define la primera línea de playa como dominio público y que todos los Gobiernos han aplicado la ley desde que se aprobó, en 1988. Esto fue una alusión al PP, después de que Carlos Iturgaiz criticara la "confiscación de bienes a los propietarios, que se convierten en okupas". Hoy hablarán en Bruselas los afectados.

Actuació de la Associació Perjudicats per la Llei de Costes Mallorca a la comissió europarlamentària sobre la Llei de Costes

Des de Brusseles, des d'el Parlament Europeu els afectats per la Llei de Costes de tot Espanya clamam per una democràcia justa, sense especulacions dels polítics, sense llei de expropiació a cost zero (expoliació) on moltes families han quedat al carrer.

Aquest matí a les 10.00h ha tengut lloc la comissió de peticions de la Llei de Costes on diferents peticionaris s'han presentat amb cartells de: justice!!, "outraged" with the Coastal Law i Real Democracy in Spain.

Durant la sessió s'ha acussat al govern d'Espanya, concretament a Direcció General de Costes de múltiples casos de especulació, expoli, arbitrarietat en l'aplicació de la llei, tràfic d'informació privilagiada i apropiació d'ajudes de l'Unió Europea entre altres coses.

Volem fer saber que encari i no formar directament part del moviment "Democràcia Real Ja!" esteim "indignadíssims!"

Un mallorquín se impone en la Eurocámara

Joan Cirera, afectado por la Ley de Costas, irrumpe en una comisión del Parlamento Europeo y logra exponer su caso.

Joan Cirera recorrió dos mil kilómetros y desembolsó mil euros para presentarse ayer en Bruselas. Desconocía si su aventura daría sus frutos pero a las buenas o a las malas conseguiría su objetivo: exigir al Parlamento Europeo que se cambie la Ley de Costas en España por lo arbitraria que resulta su aplicación. Y es que debido a esta normativa, el Gobierno expoliará la vivienda de Cirera y su familia. Son 22 años de lucha contra una norma, una norma que afecta a unas 200.000 familias en España. Todos estos años de disputa, de preocupaciones y de disgustos salieron a la luz ayer ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, sesión a la cual asistieron afectados de Mallorca y Formentera.