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domingo, 17 de abril de 2011
La Guardia Civil detiene a otro jefe de servicio de Costas de Girona
La Guardia Civil dejó ayer en libertad, tras tomarles declaración, al jefe de servicio de Proyectos y Obras del Servicio de Costas de Girona, Jordi López Vives; al jefe de Dominio Público del Servicio Provincial de Costas, Luis Antonio Hontecillas; y a Cristina Blanco Benzanilla, jefe de sección de Dominio Público del Servicio Provincial de Costas de Girona. A éstas hay que sumar la detención, el pasado viernes, del responsable de la Dirección General de Costas en Girona, Enric Girona, acusado de delito contra los derechos de los trabajadores, falsedad en documento público, fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias; y la del ingeniero Juan José Campos López, contratado por Enric Girona y acusado de usurpación de funciones públicas, estafa y falsedad en documento mercantil. Enric Girona aseguró en unas declaraciones que se enteró de la investigación del presunto cobro de comisiones millonarias a través de la prensa, e incluso afirmó: "Todos los expedientes pasan por mis manos y si hubiera habido alguna irregularidad me habría dado cuenta". Cinco meses de investigación Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de julio después de que un empresario figuerense, Josep Aldehuelo, denunciara que un topógrafo de Costas, Francesc Martín Parra, y un delineante, Manuel Santaló, pretendieran venderle por dos millones de pesetas una documentación que acreditaría la existencia de corrupción en el Departamento de Costas de Girona. El topógrafo y el delineante fueron detenidos. Pero aunque desde el primer momento negaron haber pretendido vender nada, sí denunciaron la existencia de una trama de corrupción en la adjudicación de obras en Costas. El Juzgado de Instrucción número 6 de Girona y la Guardia Civil siguen investigando ahora los últimos 10 años de actuación del Servicio de Costas para determinar si hay indicios suficientes sobre la denuncia. Por su parte, la Guardia Civil ha dedicado sus esfuerzos a detectar importantes aumentos de patrimonio entre algunos altos cargos y a intentar probar que los concursos públicos se amañaban de antemano, llegándose a sobrevalorar hasta un 60%. Una cantidad que, presuntamente, se repartía entre algunos constructores y altos cargos ministeriales.
Ley de Costas, ¿ley o negocio?
El abogado Jiménez Cisneros ha dirigido hasta cuatro empresas con actividades próximas a las funciones públicas de su compañera, la directora de Costas Alicia Paz.
Más información »La Ley de Costas amenaza con derribar las propiedades de más de 200.000 particulares. Su aplicación es defendida a ultranza por Medio Ambiente y por la Dirección General de Costas, que capitanea Alicia Paz. Su pareja sentimental, sin embargo, ha defendido a un buen número de afectados por la Ley de Costas. ¿Ley o negocio?
Francisco Jiménez Cisneros es fundador del despacho Jiménez de Cisneros Abogados, un bufete madrileño que hace pocos años se fusionó con otro dando lugar a la firma Jiménez de Cisneros & Rayón y Ortega Abogados, del que es su socio titular.
Actualmente, la defensa de afectados por la ley de costas es una de las áreas de actuación de este despacho, tal y como ha reconocido la propia secretaria de Cisneros a este periódico.
Sus competencias en materia costera y portuaria vienen de lejos. Su primer despacho estaba especializado en “gestión y planteamiento urbano”, así como en “gestión y actuación en el ámbito del dominio público marítimo-terrestre y portuario”, según afirma el propio abogado en su página web. Por su parte, Alicia Paz, persona de confianza del PSOE en el ministerio de Medio Ambiente, posee un alto grado de conocimiento en estas materias debido a sus cargos al frente de los servicios jurídicos de Puertos del Estado y de la Dirección General de Costas, departamento dependiente del ministerio que dirige Elena Espinosa. La relación Paz y Jiménez Cisneros se remonta al menos a 1998.
La mayor parte de los afectados por la Ley de Costas que han sido defendidos por Jiménez de Cisneros no tienen conocimiento de la relación que le une con la directora general de Costas. Muchos de ellos, incluso, se muestran descontentos ante la actuación llevada a cabo por Cisneros a la hora de defender sus casos. “No nos informaban casi de nada. Sólo nos llamaban para pedirnos más dinero para seguir con el caso”, explica a este periódico un representante de un grupo de casi 40 afectados por la Ley de Costas en las Islas Canarias.
“Me llamó desde su despacho de abogados en Madrid para amenazarme porque le había dicho que ya no quería que siguiera llevando mi caso. Cuando se enteró de que había contratado a otro abogado se enfadó muchísimo”, puntualiza por su parte otro afectado que prefiere no identificarse.
Portavoces del departamento dirigido por Elena Espinosa explican que en el caso de que Alicia Paz “tuviera que intervenir en procedimientos en los que Jiménez de Cisneros hubiese actuado como asesor o representante de algún interesado afectado por la Ley de Costas (...), la directora general tendría que abstenerse de intervenir, comunicándolo a su superior de inmediato”.
En ningún momento Medio Ambiente aclara si durante los 11 años de relación entre Alicia Paz y su pareja se ha dado este tipo de procedimientos que deberían llevarla a inhibirse. El abogado no ha contestado a las llamadas realizadas por este periódico.
¿Ley o negocio?
Antes de asumir su cargo al frente de la Dirección General de Costas en 2008, Alicia Paz fue directora de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, cargo que ejerció con la llegada de Zapatero al poder en 2004; desde años atrás ya tenía responsabilidad en ese departamento. Su entrada en Costas se remonta a finales de la década de los ochenta.
Durante la última década, ¿a qué se ha dedicado su pareja? Su despacho de abogados ha participado en la tramitación y redacción de los planteamientos portuarios de ciudades como Bilbao, Santander, La Coruña, Huelva o Castellón, entre otras, según consta en la propia página web del despacho, cuyas cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008 aún no están disponibles en el Registro.
Sin embargo, las competencias de Jiménez de Cisneros no sólo se limitan al ámbito jurídico. La pareja de Alicia Paz es también apoderado de una pequeña empresa privada dedicada al transporte marítimo llamada Gestión de Servicios Portuarios, que cerró 2007 con unos ingresos económicos de 471.000 euros, lo que supone un incremento del 40% respecto al año anterior. En dicha compañía ha trabajado durante varios años Luis Fernando Palao de Taboada, hombre de referencia en el organismo público Puertos del Estado, donde ha coincido con Alicia Paz, ejerciendo como responsable suyo: en diciembre de 1982, Palao era nombrado director general de Puertos del Estado, cargo que desempeñó hasta el año 1991, cuando tomó las riendas de la Dirección General de Puertos del ministerio de Obras Públicas.
Un año después pasó a presidir Puertos del Estado, hasta que en 1996 se cambió al sector privado de la mano de Francisco Javier Jiménez de Cisneros. Primero en la compañía Gestión de Servicios Portuarios y luego en una pequeña empresa dedicada al negocio de la logística. Se da la circunstancia de que Alicia Paz también ha estado vinculada profesionalmente con este sector. La actual directora general de costas ha sido presidenta de Puerto Seco Madrid, una iniciativa pública que, bajo el amparo del ministerio de Fomento, tiene como objetivo la creación de una infraestructura logística ferroviaria que promueva el desarrollo y conecte Madrid con los principales puertos españoles
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