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miércoles, 25 de mayo de 2011
Un mallorquín se impone en la Eurocámara
Joan Cirera recorrió dos mil kilómetros y desembolsó mil euros para presentarse ayer en Bruselas. Desconocía si su aventura daría sus frutos pero a las buenas o a las malas conseguiría su objetivo: exigir al Parlamento Europeo que se cambie la Ley de Costas en España por lo arbitraria que resulta su aplicación. Y es que debido a esta normativa, el Gobierno expoliará la vivienda de Cirera y su familia. Son 22 años de lucha contra una norma, una norma que afecta a unas 200.000 familias en España. Todos estos años de disputa, de preocupaciones y de disgustos salieron a la luz ayer ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, sesión a la cual asistieron afectados de Mallorca y Formentera.
Presente en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, Cirera vio su minuto de gloria y no lo desaprovechó. En el transcurso de la sesión en la que los ciudadanos expresaban sus peticiones, se produjo un silencio, un silencio que se truncó por la voz del joven mallorquín. Un "yo también quiero hablar" le sirvió para hacer ver a la Eurocámara que había recorrido dos mil kilómetros para expresar su indignación contra la aplicación de la Ley de Costas que contempla la expoliación de su casa. "Sois unos ladrones. Queremos democracia y que no nos robéis las casas", espetó al eurodiputado Miguel Ángel Martínez. Y es que según contó este afectado la vivienda que este político socialista tiene en Denia se ha librado de la aplicación de dicha normativa. Su irrupción en plena sesión provocó los aplausos en la sala y otros peticionarios se sumaron a sus reivindicaciones.
Intento de acallarle
Aunque la presidenta de la comisión intentó acallar su voz, apagándole el micrófono, la escena del joven mallorquín dio sus frutos. De unas cincuenta peticiones sobre la Ley de Costas, la Comisión solo pretendía escuchar a siete peticionarios. Pero la reivindicación de Cirera logró que se diera voz a una decena más de personas. Así, tuvo un minuto y medio para exponer su caso en Bruselas. Gabriela Mayans, que representa a 107 afectados de Formentera, también pudo expresar su desacuerdo con la normativa.
Este afectado explicó que no podía consentir que la Eurocámara "diera carpetazo" a sus reivindicaciones y a las de todos los afectados por esta normativa como ha ocurrido en España, tanto con el Gobierno como con el Tribunal Supremo. "Hemos acudido a Bruselas por indefensión absoluta". Explicó que en España no se respeta la propiedad privada y que no puede consentir que Europa ponga la excusa de que no tiene jurisprudencia para decir lo que debe hacer España. "Es un atentado contra los derechos humanos que nos expolien nuestras casas", remarcó. "No podía ser que no me dejarán hablar", añadió, ya que los afectados no solo son españoles, también residentes alemanes, ingleses, daneses... Es verdad que en un primer momento se ha confundido a este joven como uno de los indignados del movimiento 15M. Es cierto que está indignado pero por la arbitrariedad de la Ley de Costas, se solidariza con los acampados pero en ningún caso su protesta de ayer estaba relacionada con este movimiento.
Por su parte, los eurodiputados del PP, Rosa Estaràs y Carlos Iturgaiz, solicitaron ayer que se haga un llamamiento al Gobierno de España para evitar la presunta aplicación abusiva de la Ley de Costas que, en el caso de Balears, está provocando "la pérdida o limitación de los derechos de propiedad privada". Estaràs exigió a la Comisión de Peticiones "que se solicite al Gobierno de España que se tomen las medidas necesarias para evitar la desazón y desesperanza de todos los que viven en esta tesitura".
Ley de Costas, ¿ley o negocio?
El abogado Jiménez Cisneros ha dirigido hasta cuatro empresas con actividades próximas a las funciones públicas de su compañera, la directora de Costas Alicia Paz.
Más información »La Ley de Costas amenaza con derribar las propiedades de más de 200.000 particulares. Su aplicación es defendida a ultranza por Medio Ambiente y por la Dirección General de Costas, que capitanea Alicia Paz. Su pareja sentimental, sin embargo, ha defendido a un buen número de afectados por la Ley de Costas. ¿Ley o negocio?
Francisco Jiménez Cisneros es fundador del despacho Jiménez de Cisneros Abogados, un bufete madrileño que hace pocos años se fusionó con otro dando lugar a la firma Jiménez de Cisneros & Rayón y Ortega Abogados, del que es su socio titular.
Actualmente, la defensa de afectados por la ley de costas es una de las áreas de actuación de este despacho, tal y como ha reconocido la propia secretaria de Cisneros a este periódico.
Sus competencias en materia costera y portuaria vienen de lejos. Su primer despacho estaba especializado en “gestión y planteamiento urbano”, así como en “gestión y actuación en el ámbito del dominio público marítimo-terrestre y portuario”, según afirma el propio abogado en su página web. Por su parte, Alicia Paz, persona de confianza del PSOE en el ministerio de Medio Ambiente, posee un alto grado de conocimiento en estas materias debido a sus cargos al frente de los servicios jurídicos de Puertos del Estado y de la Dirección General de Costas, departamento dependiente del ministerio que dirige Elena Espinosa. La relación Paz y Jiménez Cisneros se remonta al menos a 1998.
La mayor parte de los afectados por la Ley de Costas que han sido defendidos por Jiménez de Cisneros no tienen conocimiento de la relación que le une con la directora general de Costas. Muchos de ellos, incluso, se muestran descontentos ante la actuación llevada a cabo por Cisneros a la hora de defender sus casos. “No nos informaban casi de nada. Sólo nos llamaban para pedirnos más dinero para seguir con el caso”, explica a este periódico un representante de un grupo de casi 40 afectados por la Ley de Costas en las Islas Canarias.
“Me llamó desde su despacho de abogados en Madrid para amenazarme porque le había dicho que ya no quería que siguiera llevando mi caso. Cuando se enteró de que había contratado a otro abogado se enfadó muchísimo”, puntualiza por su parte otro afectado que prefiere no identificarse.
Portavoces del departamento dirigido por Elena Espinosa explican que en el caso de que Alicia Paz “tuviera que intervenir en procedimientos en los que Jiménez de Cisneros hubiese actuado como asesor o representante de algún interesado afectado por la Ley de Costas (...), la directora general tendría que abstenerse de intervenir, comunicándolo a su superior de inmediato”.
En ningún momento Medio Ambiente aclara si durante los 11 años de relación entre Alicia Paz y su pareja se ha dado este tipo de procedimientos que deberían llevarla a inhibirse. El abogado no ha contestado a las llamadas realizadas por este periódico.
¿Ley o negocio?
Antes de asumir su cargo al frente de la Dirección General de Costas en 2008, Alicia Paz fue directora de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, cargo que ejerció con la llegada de Zapatero al poder en 2004; desde años atrás ya tenía responsabilidad en ese departamento. Su entrada en Costas se remonta a finales de la década de los ochenta.
Durante la última década, ¿a qué se ha dedicado su pareja? Su despacho de abogados ha participado en la tramitación y redacción de los planteamientos portuarios de ciudades como Bilbao, Santander, La Coruña, Huelva o Castellón, entre otras, según consta en la propia página web del despacho, cuyas cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008 aún no están disponibles en el Registro.
Sin embargo, las competencias de Jiménez de Cisneros no sólo se limitan al ámbito jurídico. La pareja de Alicia Paz es también apoderado de una pequeña empresa privada dedicada al transporte marítimo llamada Gestión de Servicios Portuarios, que cerró 2007 con unos ingresos económicos de 471.000 euros, lo que supone un incremento del 40% respecto al año anterior. En dicha compañía ha trabajado durante varios años Luis Fernando Palao de Taboada, hombre de referencia en el organismo público Puertos del Estado, donde ha coincido con Alicia Paz, ejerciendo como responsable suyo: en diciembre de 1982, Palao era nombrado director general de Puertos del Estado, cargo que desempeñó hasta el año 1991, cuando tomó las riendas de la Dirección General de Puertos del ministerio de Obras Públicas.
Un año después pasó a presidir Puertos del Estado, hasta que en 1996 se cambió al sector privado de la mano de Francisco Javier Jiménez de Cisneros. Primero en la compañía Gestión de Servicios Portuarios y luego en una pequeña empresa dedicada al negocio de la logística. Se da la circunstancia de que Alicia Paz también ha estado vinculada profesionalmente con este sector. La actual directora general de costas ha sido presidenta de Puerto Seco Madrid, una iniciativa pública que, bajo el amparo del ministerio de Fomento, tiene como objetivo la creación de una infraestructura logística ferroviaria que promueva el desarrollo y conecte Madrid con los principales puertos españoles
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