Bajo la amenaza de la Ley de Costas

Pero, ¿por qué es tan polémica la aplicación de la norma? Una línea tiene la culpa de todo. Es como una sentencia de vida o muerte. Se está dentro o fuera. De la ley, claro. La Dirección General de Costas, después de unos estudios, que «en algunos casos son muy exhaustivos y en otros se basan en la comprobación visual», traza el deslinde que separa lo público de lo privado, y que en según qué zonas «llega a hacer quiebros en un mapa para salvar determinadas construcciones», según denuncia el presidente de la plataforma, Juan Pedro Fernández. José Serra, catedrático de Puertos y Canales de la Universidad Politécnica de Valencia, admite que «se observan tratos distintos en su aplicación dependiendo de cada demarcación». ¿No deberían existir criterios objetivos para marcar esa línea? Para Ortega son «completamente arbitrarios, y da la casualidad de que siempre perjudican al pobre».
La ley de Costas de 1988 define la «servidumbre de protección» como la franja que recaerá sobre «una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, y en ella están prohibidas las construcciones». La ribera del mar llega hasta «donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos», dice la ley. «Demasiada subjetividad», responden los afectados. En general, la finalidad es proteger las dunas que preserven la costa del avance del mar, pero solo en aquellos casos donde todavía haya algo por preservar. Si no, nada. Por ejemplo, en Guardamar del Segura se ha decidido desplazar la línea que separa el dominio público marítimo terrestre porque el cordón dunar está demasiado deteriorado. También en Gandia o Cullera. Es decir, en los tramos de litoral más urbanizado la posibilidad de que las viviendas se salven es mucho mayor, creando una contradicción, según Ecologistas en Acción, quienes critican la aplicación de la ley precisamente porque no se hace «con equidad».

Angel Durá tenía una casa, junto a la playa de El Puig, que acogió a varias generaciones de pescadores, y que una ley que se aprobó hace más de 20 años derribó hace unos meses. Ángel ya no verá el mar desde su privilegiada primera línea, con un porche donde daba gusto pasar las horas, y donde contaba, hasta el verano pasado, cómo antes de que se construyera el puerto de Sagunto contemplaba ante sí una playa que tenía una longitud de unos 100 metros. La playa de los Pescadores, se llamaba. Ya no existe. Desapareció por la regresión de la costa, motivada por la interrupción de los aportes de áridos, que en el Mediterráneo viajan de norte a sur, debido precisamente a esa barrera artificial que forma el puerto. El Ministerio de Medio Ambiente decidió no regenerar, y el mar avanzó imparable.
Resulta muy complicado no mostrar empatía con los vecinos afectados por la ley de Costas, principalmente porque la mayor parte de los ciudadanos habían adquirido su casa antes de la aprobación de una normativa que en esencia se considera necesaria y que en su aplicación ha sido criticada desde demasiadas posiciones, ya sean ecologistas, expertos o propietarios.
Es muy complicado saber, en estos momentos, cuántas personas están afectadas por la ley de Costas en la Comunitat, valencianos con sus propiedades pendientes de derribo o, en el mejor de los casos, a merced de una concesión que deja en una situación de inseguridad jurídica a los propietarios. José Ortega cree que son unos 50.000 en Santa Pola, Alicante, Elche, Dénia, Oliva, Bellreguard, Valencia, Alboraya, Sagunto, Almassora, Almenara o Nules. Este abogado lleva años batallando contra la Administración, un Goliat demasiado potente y al que los tribunales dan una y otra vez la razón, y que le ha llevado finalmente, a través de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, a reclamar una reforma de la normativa que sin embargo el Gobierno no parece dispuesto a aceptar.
Cambios
La visita del director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, a Guardamar, se produjo el mes pasado. Ríos tomó posesión de su cargo después de que Rosa Aguilar relevara al frente del Ministerio a Elena Espinosa. Ortega dice que desde su llegada, «tímidamente, parecen haberse suavizado las posiciones inamovibles de los anteriores gestores», ya que la mayor parte de los deslindes se han ejecutado a partir de la llegada al Gobierno del PSOE y del aterrizaje de quien entonces ocupara la cartera de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
También está la posibilidad de que las comunidades autónomas gestionen el litoral, como ya hacen Andalucía y Cataluña y que el Consell ha reclamado insistentemente, sobre todo después de la amenaza que se cernía sobre las terrazas de Malvarrosa, Pinedo, Saler o Sagunto. En esta última localidad su alcalde, el popular Alfredo Castelló, se muestra aliviado después de que Costas rebajara sus pretensiones y descartara el trasvase de 400.000 metros cúbicos de arena en la playa de Puerto, que condicionaba a la construcción del paseo marítimo y la renovación de las concesiones de los restaurantes de dicha playa.
Ecologistas en Acción es, sin embargo, contraria a la posibilidad de que se traspasen competencias, al considerar que su aplicación será todavía más desigual, según cada autonomía, y primarán los intereses urbanísticos, que en realidad ya se dejan entrever, según los afectados, con la gestión del Ministerio. Por ejemplo, mientras en Valencia y Castellón prácticamente el 100% del litoral está deslindado, en Alicante apenas supone un tercio, precisamente en la provincia que tiene una mayor presión urbanística sobre la primera, segunda y tercera línea de playa.
Desde la plataforma de afectados se denuncia incluso que la Ley de Costas esconde una perversión, ya que viviendas en esa primera línea han sido sustituidas, en muchos casos, por paseos marítimos, obras declaradas de interés general, y que sirven de excusa para urbanizar a partir de esa línea. Pasó, por ejemplo, en Alboraya, donde se derribaron casitas de pescadores hace años y con la llegada del boom urbanístico se sustituyeron por un paseo marítimo que pareció marcar la línea a partir de la cual se podía edificar sin control, decisión que por cierto fue recurrida en los tribunales por vulnerar precisamente la legislación y entender que al menos la primera línea era de dominio público.
Una curiosidad: la mayoría de las construcciones en primera línea en Alboraya están paralizadas por una crisis inmobiliaria que llega después de una resolución del Parlamento Europeo contra el urbanismo en España, en marzo de 2009, y contra una ley de Costas que deja sin protección a miles de propietarios, muchos británicos y alemanes, que compraron viviendas junto al mar en España. «Así que si me preguntas si la ley de Costas ha servido para detener la presión urbanística en el litoral, la respuesta es rotundamente no», dice el abogado de la plataforma.
Presupuesto
Quienes quedan fuera de la línea no tienen derecho, siquiera, a una indemnización. La organización ecologista denuncia que sólo un 10% del presupuesto de la Dirección General de Costas se destina a la adquisición de fincas y deslindes. Los propietarios dirán que incluso menos. Porque una de las mayores críticas a la ley es que no contempla la posibilidad de resarcir económicamente a los propietarios de las casas por quedarse sin ella. Es más, si hay que derribar corre a cargo del afectado. «Si hubiera que pagar no habría suficientes fondos en el Ministerio», dicen.
En Europa se criticó que no hubiera indemnizaciones, pero también que la ley se pudiera aplicar con retroactividad, que quienes compraron la casa en unos terrenos considerados aptos ahora no lo sean. Porque deslindes ha habido muchos a lo largo del siglo XX. Vicente Barreres es portavoz de los afectados en Oliva. «Se marcó el dominio público en 1947 y se construyó tierra adentro. En 2008 se aprueba un nuevo deslinde que deja decenas de viviendas en la zona de servidumbre de protección y, por tanto, fuera de ordenación».
Hipotecas
Algo parecido ocurrió en La Casbah, en El Saler, donde en los años 60 salieron a subasta unos terrenos que compraron unos cuantos valencianos en una zona donde se podía construir, y que ahora está fuera de toda ordenación. «Hay gente que todavía tiene una hipoteca sobre la casa. Si derriban las viviendas pagarán por algo que ya no existe», asegura uno de los vecinos, Juan Roca, que junto a más de 300 afectados de toda España se reunió la pasada semana en Valencia en la primera jornada nacional para poner en común las experiencias personales sobre la aplicación de la normativa.
¿La única opción son los derribos? Serra asegura que la ley es necesaria, que incluso otros países con frente marítimo han intentado imitar la normativa española para preservar el litoral ante un futuro que se prevé incierto, donde el calentamiento global provocará, según los expertos, la subida del nivel del mar Mediterráneo en unos 30 centímetros durante el siglo XXI, y temporales más virulentos.
El catedrático admite sin embargo que crea «tensiones no justificables con los propietarios», y que únicamente alguna Administración aislada se ha puesto claramente a favor de los afectados, como la Diputación de Castellón, que ha iniciado una campaña de recogida de firmas para modificar la ley. Sin embargo, el Partido Popular ha mantenido una posición «ambigua», según José Ortega. «Creemos que hay un cierto cargo de conciencia de que les acusen de especuladores si modifican la ley, de querer seguir urbanizando el litoral».
Serra, por su parte, apuesta por acometer de forma integral la regeneración de la costa con proyectos a largo plazo y dotación presupuestaria para proteger el litoral de la regresión. «Regenerar una playa tiene como finalidad proteger lo que hay detrás», explica el catedrático, quien advierte de que toda la playa al norte del puerto de Valencia, el sur del Júcar y el sur del puerto de Burriana está en regresión.
¿Se puede esperar alguna acción de Europa? Después de aquel histórico 26 de marzo de 2009, cuando el Parlamento Europeo aprobó el Informe Auken, donde se criticaba la inseguridad jurídica de los ciudadanos europeos que habían comprado viviendas en la costa, «no ha habido nada», denuncia Ortega. El próximo 24 de mayo tienen otra reunión, aunque desde la plataforma de afectados son «escépticos, ya que el Parlamento adoptó una resolución que no cumplió. Me da la sensación de que ha habido movimientos en los pasillos. Sabemos que no es una sentencia, pero es que el Gobierno ha ignorado completamente aquella resolución. Y nadie le saca los colores».
http://www.albufera.com/parque/content/bajo-la-amenaza-de-la-ley-de-costas