¿Por qué este hotel se salva y ésa pequeña casita se tiene que tirar?, ¿por qué me quitan algo que mi familia compró y pagó religiosamente hace más de 50 años?, ¿por qué este paseo marítimo no molesta y sí estorba el pequeño barrio de pescadores?
Muchos interrogantes giran alrededor de la ley de Costas, una normativa cuyo supuesto fin es proteger el litoral y cuya aplicación es vista como "abusiva, arbitraria y confusa" por los afectados. En nuestra comunidad, y tras llevar años en silencio por miedo a represalias, poco a poco van saliendo los perjudicados, que se unen para ganar peso y hacer más ruido. Están dispuestos a ir donde haga falta para reclamar justicia. Y a gritar muy fuerte para que la queja se oiga también en el extranjero.
Joan Cirera fue el que más fuerte gritó hace unas semanas. Alrededor de cuarenta afectados de todo el país viajaron a Bruselas el pasado mes de mayo para exponer sus casos en la Eurocámara. Allí les dijeron que sólo se escucharía a siete peticionarios. Pero en un momento de silencio Cirera aprovechó para decirlo sin ambages y en voz muy alta: "Yo también quiero hablar". Lo logró. Le escucharon a él, y a 16 personas más. Y la comisión del Parlamento Europeo se comprometió a plantear un cuarto informe Auken; unos documentos redactados por la eurodiputada danesa de Los Verdes, Margaret Auken, que denuncian los "abusos" de la ley de Costas española.
"Algo es algo", se resigna Cirera, portavoz de Basta Ja!, la plataforma de perjudicados de Balears, que de momento agrupa a una decena de familias y que mantiene contactos con muchos más perjudicados (como la plataforma homóloga de Formentera, que reúne a unas 104 personas). En 2010 a través del comité de peticiones se logró aprobar una directiva europea para cambiar la norma. Pero nada ha pasado desde entonces.
Este joven se enciende al hablar de esta ley. Ideada por Alfonso Guerra y Felipe González en 1988, la norma estuvo ocho años en barbecho durante los mandatos del Partido Popular. Con la vuelta de los socialistas a la Moncloa comenzó a enseñar de nuevo los dientes, llevándose por delante incluso barrios enteros (como el poblado de Cho Vito, en Tenerife, cuyos vecinos, que llevaban allí más de 60 años, fueron desalojados en 2008). A esta plataforma no les bastan los adjetivos para criticar una normativa que por encima de todo ven muy injusta.
Para empezar, lamentan que se centra en expoliar a pequeños propietarios, que en muchos casos no saben cómo defenderse o no tienen el dinero para asumir esa larga batalla judicial. "La mayoría no llegan ni a la Audiencia Nacional", apunta este joven, que denuncia que incluso el ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino ya tiene calculado de antemano el porcentaje de afectados que no se defenderán. Dos ejemplos: el de los propietarios de pequeñas fincas en el Salobrar de Campos o los de Cala Morlanda en Manacor.
Otra de los adjetivos que ligan a la ley y que más inseguridad genera es su arbitrariedad. De eso sabe algo Santiago Domènech, propietario de Can Piquero, una vivienda de 1927 que tiene el ´honor´ de ser la única casa del Port de Pollença afectada por el deslinde de de Costas. "La única de todo el Port, ¿por qué la mía sí y las otras no?", plantea este propietario que lleva años esperando recibir un criterio coherente para un deslinde "aberrante". Él tiene claro que llevará el caso y lo contará hasta en medios extranjeros, aunque eso provoque "daños colaterales".
Esos daños a los que se refiere Domenèch es el peligro que supone esta ley para lograr inversiones extranjeras. Y es que, ¿quién se va a atrever a comprar algo en la costa española ante la incertidumbre de que luego se lo quiten? Ése es uno de los principales fallos de la ley, según Cirera: "Ya puede ir el ministro Blanco a intentar vender a casas a Inglaterra; con esta ley se genera una situación de inseguridad jurídica brutal porque es muy ambigua", apunta. "Te dan una concesión de 30 años, pero te la pueden comprar en cualquier momento a un precio bajísimo si ellos deciden que es de interés general". Esta incertidumbre se empieza a percibir en Europa. No es casualidad que precisamente los eurodiputados ingleses y alemanes (además de los miembros del PP, Rosa Estaràs y Carlos Iturgaiz) fueran los que apoyaran a los afectados en la Eurocámara.
¿Hace negocio el Gobierno con esta ley? Así lo ve este grupo de ciudadanos y para demostrarlo, dan una pequeña muestra. Según denuncia la plataforma, cuando decretan el derribo de tu casa no sólo pierdes tu vivienda, encima tienes que pagar los costes del derribo. Según el procedimiento usual, apuntan, Costas se encarga de subcontratar a una empresa para el derribo y se queda el 40% por esa intermediación. El único caso de derribo efectuado por la ley de Costas en Mallorca (de momento) es el de Can Ganxo, la casa ubicada en la playa de Cala Tuent que fue tirada abajo hace un año. La demolición costó 375.000 euros. Se encargó la empresa pública Tragsa, que enterró parte delos escombros en la misma playa. Según explican desde Basta ja! esta empresa además es la que se encarga de hacer los informes para justificar los deslindes.
Tema aparte, señalan, es la especulación que se puede hacer con estos deslindes. Ponen el ejemplo del centenario poblado de pescadores de Es Puig en Valencia, que fue derribado en 2010. "El primer día de demolición ya habían puesto el cartel de promoción del golf que iban a construir allí", explica el portavoz de la plataforma que denuncia el "trapicheo" de concesiones al que juegan algunos municipios y la dirección de Costas.
El fin de esta normativa, según consta en su prólogo, es proteger el medio ambiente. Pero este grupo de propietarios, tal y como está hecha la ley, no se lo cree: "Ni un artículo habla sobre la protección del medio ambiente", indica Cirera, quien añade además que en muchos casos estas zonas que se quieren deslindar ya cuentan con los máximos niveles de protección, al ser ANEI, CEPA o al pertenecer a la Xarxa Natura 2000, como sucede por ejemplo en s´Estalella, en Llucmajor. En este caso fue la propia familia propietaria, los Cirera, quienes pidieron la declaración de la zona como ANEI para protegerla de dos intentos de construcción de centrales eléctricas. Recibieron un premio del GOB en 1990 por su labor de protección medioambiental.
El ahora portavoz de Basta ja! expone además otro ejemplo de arbitrariedad de la ley que les toca de cerca: en 2003 hicieron un deslinde en s´Estalella y lo aceptaron; en 2007 volvieron los técnicos y les hicieron otro, mucho más amplio. "¿Qué ha cambiado en cuatro años? La ley es la misma", se interroga Joan Cirera.
Otras zonas que ya están protegidas y permanecen en el punto de mira de Costas son la bahía de Alcúdia, Sa Vall, Es Trenc, de Cala Figuera a Cala Falcó, y también en la Albufera, desde donde ya se han presentado unas 1.300 alegaciones. Algunas de las casas que allí se encuentran están catalogadas: "¿También las tiramos?", plantea Cirera. Y la respuesta parece que es ´sí, las tiramos´. Ya lo dijo en enero el jefe de demarcación de Costas, Celestí Alomar, sobre Ses Casetes dels Capellans de Muro: que esta zona logre la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) no tiene por qué impedir que se incluya dentro del deslinde (del que sí se salva el hotel anexo). En este caso al menos los propietarios de las casas cuentan con el apoyo del Ayuntamiento (que es el titular del territorio). O por lo menos así lo aseguró en un debate electoral Martí Fornes, alcalde reelegido de Convergència Democrática Murera, que aseguró que el consistorio "ha defendido todo lo que Madrid quería hacer suyo: veinte millones de metros cuadrados" y que garantizó que interpondrían los pleitos necesarios después de agotar la vía del diálogo.
El ejemplo de Capellans pone el acento en otro de los puntos más polémicos de la ley: la retroactividad. Ses Casetes empezaron a construirse en 1929; S´Estalella es una finca que tiene 400 años e incluye una casa que fue construida hace un siglo; Can Piquero tiene 84 años; Can Ganxo tiene más de 109... y así con tantas y tantas otras casas cuyas familias llevan allí viviendo varias generaciones.
La forma en que se hacen los deslindes también es objeto de críticas, ya que, según la plataforma, se realiza "sin rigor científico: los planos, en algunos casos de hace décadas, ni se corresponden con la realidad, y encima muchas veces no se usan criterios técnicos comprobables, sino la observación visual, fotografías o la jurisprudencia". Critican que "comparan las costas y los temporales de Málaga con los de Mallorca cuando no tienen nada que ver". Otro obstáculo con el que se topan cuando presentan su caso ante los jueces es que éstos "ignoran los peritajes independientes que ellos mismos ordenan hacer y que suelen ser favorables a los propietarios".
Los afectados tienen muy claro sus argumentos y han conseguido que Europa les escuche. Piensan hacer mucho más ruido. La batalla continúa.
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